Resolución 16615 de 2025: Guía definitiva para evitar multas en transporte

por qué la Resolución 16615 de 2025 es clave para el transporte

En el sector transporte, las sanciones no suelen llegar por malas intenciones, sino por desconocimiento o mala implementación de la norma. Justamente ahí aparece la Resolución 16615 de 2025, una disposición de la Superintendencia de Transporte que ajusta el sistema SARLAFT y redefine cómo las empresas deben gestionar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Ignorarla no es una opción sensata, sobre todo cuando las consecuencias se traducen en multas, investigaciones y bloqueos operativos.

Esta resolución no crea el SARLAFT desde cero, pero sí modifica plazos, aclara obligaciones y precisa responsabilidades para las empresas vigiladas del sector transporte. Uno de sus cambios más relevantes es la ampliación del plazo de implementación hasta el 6 de mayo de 2026, lo que no significa “hay tiempo de sobra”, sino “hay que hacerlo bien”. La norma exige estructura, controles claros y personal capacitado, no documentos improvisados para cumplir el requisito.

Por eso, entender correctamente la Resolución 16615 de 2025 es una ventaja competitiva. En el Politécnico de Suramérica, la formación en cumplimiento normativo se convierte en una herramienta práctica para las empresas y profesionales del sector. Conocer la norma, anticiparse a los riesgos y aplicar el SARLAFT correctamente no solo evita sanciones, también fortalece la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones de transporte en un entorno cada vez más vigilado.


Índice

  1. Por qué la Resolución 16615 de 2025 es clave para el transporte
  2. ¿Qué es la Resolución 16615 de 2025 y a quién aplica?
  3. ¿Qué es el SARLAFT y por qué impacta al sector transporte?
  4. Cambios principales que introduce la Resolución 16615 de 2025
  5. Nuevo plazo de implementación del SARLAFT: fechas y responsabilidades
  6. Obligaciones de las empresas de transporte frente al SARLAFT
  7. Errores comunes que pueden generar multas y sanciones
  8. Cómo evitar sanciones: buenas prácticas de cumplimiento normativo
  9. El rol del Oficial de Cumplimiento en las empresas de transporte
  10. Formación clave para cumplir la norma: diplomados especializados
  11. Cumplir la Resolución 16615 es prevenir riesgos y proteger la empresa

¿Qué es la Resolución 16615 de 2025 y a quién aplica?

Resolución 16615 de 2025

La Resolución 16615 de 2025 es una norma emitida por la Superintendencia de Transporte que ajusta y fortalece la aplicación del SARLAFT en las empresas del sector transporte. No aparece por capricho ni por moda regulatoria. Surge como respuesta a un entorno donde el transporte se ha convertido en un eslabón crítico para el movimiento de recursos, contratos, pagos y operaciones que pueden ser usados para actividades ilícitas si no existen controles adecuados. En pocas palabras, la autoridad entendió que el riesgo no es teórico, es operativo, y decidió cerrar vacíos.

Esta resolución no elimina el SARLAFT ni lo reemplaza. Lo que hace es modificar condiciones clave de su implementación, especialmente en lo relacionado con plazos, responsabilidades y claridad normativa. El cambio más visible es la ampliación del plazo máximo de implementación hasta el 6 de mayo de 2026, lo cual ha generado una falsa sensación de tranquilidad en algunas empresas. Tener más tiempo no significa que el cumplimiento sea flexible. Al contrario, la Superintendencia espera que ese tiempo se use para estructurar sistemas reales, no documentos improvisados de última hora.

Uno de los mayores aportes de la Resolución 16615 de 2025 es que define con mayor precisión las obligaciones de las empresas vigiladas. Ya no basta con declarar que existe un sistema SARLAFT. La empresa debe poder demostrar cómo identifica riesgos, cómo los evalúa, qué controles aplica, quién es responsable y cómo se realiza seguimiento. La autoridad no evalúa intenciones, evalúa evidencia. Y en el sector transporte, donde confluyen proveedores, contratistas, pagos en efectivo, rutas y mercancías, esa evidencia debe ser clara y verificable.

En cuanto a su aplicación, la resolución cobija a todas las empresas del sector transporte sujetas a vigilancia de la Superintendencia, independientemente de su tamaño, número de empleados o nivel de facturación. Este punto es clave, porque uno de los errores más comunes es asumir que el SARLAFT solo aplica a grandes organizaciones. La norma no evalúa el tamaño de la empresa, evalúa el riesgo inherente a la actividad. Y el transporte, por definición, es una actividad de riesgo si no se gestiona correctamente.

Ignorar esta resolución o asumir que “todavía hay tiempo” puede derivar en procesos administrativos, requerimientos formales, sanciones económicas y afectaciones reputacionales. La Superintendencia no necesita probar que hubo lavado o financiación del terrorismo para sancionar. Basta con demostrar que la empresa no tiene un sistema adecuado de prevención y control. Por eso, entender la Resolución 16615 de 2025 no es un tema jurídico opcional, es una necesidad operativa.

Desde el enfoque educativo, el Politécnico de Suramérica aborda esta normativa como un punto de partida para que empresas y profesionales comprendan que el cumplimiento no es un trámite, sino una estrategia de protección empresarial. Esta resolución abre la puerta a un tema central que se desarrollará en los siguientes apartados: qué es el SARLAFT, cómo se implementa correctamente y por qué el rol del Oficial de Cumplimiento es determinante para evitar sanciones.

¿Qué es el SARLAFT y por qué impacta al sector transporte?

El SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El nombre es largo porque el problema es serio. En esencia, es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que buscan evitar que las empresas sean usadas, de forma directa o indirecta, para mover dinero o recursos de origen ilícito. No se trata de acusar a las empresas de transporte, sino de reconocer que su operación las expone a riesgos reales si no existen controles claros.

El sector transporte es especialmente sensible frente a estos riesgos porque mueve mercancía, personas, contratos, proveedores y flujos de dinero de manera constante. Cada ruta, cada servicio prestado y cada relación comercial puede convertirse en un punto de entrada para operaciones sospechosas si no se analizan correctamente. Por eso, para la Superintendencia de Transporte, el SARLAFT no es un documento administrativo, sino una herramienta esencial para proteger la operación y la legalidad del sector.

Implementar el SARLAFT implica algo más profundo que tener un manual archivado. Significa identificar riesgos, evaluarlos según la realidad de la empresa, establecer controles preventivos, capacitar al personal y realizar seguimiento permanente. En la práctica, esto se traduce en conocer con quién se hacen negocios, cómo se reciben y se realizan pagos, qué tipo de servicios se prestan y qué señales pueden indicar una operación inusual. El error común es pensar que el SARLAFT solo aplica cuando ocurre un delito; en realidad, su función principal es evitar que ese delito ocurra.

La Resolución 16615 de 2025 refuerza esta visión al exigir que el SARLAFT sea proporcional al tamaño y operación de la empresa, pero nunca inexistente. Todas las organizaciones vigiladas deben contar con un sistema activo y funcional. Aquí es donde la formación juega un papel clave. En el Politécnico de Suramérica, el estudio del SARLAFT se aborda desde un enfoque práctico, preparando a profesionales y empresas para entender el riesgo real del transporte y gestionar el cumplimiento normativo como parte del día a día, no como una obligación que se revisa solo cuando llega una auditoría.

Cambios principales que introduce la Resolución 16615 de 2025

La Resolución 16615 de 2025 no reinventa el SARLAFT, pero sí hace algo igual de importante: corrige ambigüedades, ajusta plazos y endurece la expectativa de cumplimiento real. Antes, muchas empresas navegaban el tema con interpretaciones cómodas, documentos genéricos y la idea peligrosa de que “nadie revisa eso en serio”. Esta resolución llega, básicamente, a decir que ya no es momento de suposiciones.

El cambio más visible es la ampliación del plazo máximo para implementar el SARLAFT hasta el 6 de mayo de 2026. Esta decisión responde a la realidad del sector, donde muchas empresas no habían logrado estructurar correctamente su sistema. Pero atención: la prórroga no reduce exigencias. Al contrario, el mensaje es claro. La Superintendencia da más tiempo porque espera implementaciones bien hechas, no soluciones de afán. Usar este plazo para postergar el trabajo es una invitación directa a futuras sanciones.

Otro ajuste clave está en la claridad de las obligaciones mínimas. La resolución refuerza que el SARLAFT debe ser proporcional al riesgo, pero nunca inexistente. Ya no es válido copiar modelos genéricos que no reflejan la operación real de la empresa. Cada organización debe demostrar que identificó sus riesgos específicos, que los evaluó correctamente y que diseñó controles acordes a su actividad. En el sector transporte, esto incluye rutas, tipos de carga, formas de pago, proveedores, clientes y personal operativo.

La Resolución 16615 de 2025 también refuerza el rol del seguimiento y la evidencia. No basta con diseñar el sistema. Se debe demostrar que funciona. Esto implica registros, reportes, capacitaciones, evaluaciones periódicas y mejora continua. Para la Superintendencia, un SARLAFT que no se monitorea es un sistema inexistente. Y aquí es donde muchas empresas fallan, no por mala fe, sino por desconocimiento técnico.

Desde una perspectiva formativa, estos cambios dejan claro que el cumplimiento normativo ya no puede improvisarse. El Politécnico de Suramérica integra estos ajustes normativos en su enfoque académico, preparando a profesionales para entender la resolución no como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer la gestión empresarial. La Resolución 16615 de 2025 marca una transición importante: pasar de “cumplir por cumplir” a gestionar el riesgo de manera consciente, estructurada y verificable.

Nuevo plazo de implementación del SARLAFT: fechas y responsabilidades

Uno de los puntos que más atención ha generado dentro de la Resolución 16615 de 2025 es la ampliación del plazo para implementar el SARLAFT hasta el 6 de mayo de 2026. A simple vista, esto puede parecer un alivio para muchas empresas del sector transporte, pero leído con cuidado, el mensaje de la Superintendencia es bastante más exigente de lo que parece. No se trata de dar permiso para aplazar decisiones, sino de garantizar que el sistema se implemente de forma correcta, coherente y sostenible.

El nuevo plazo responde a una realidad evidente: muchas empresas aún no contaban con un SARLAFT estructurado, o lo habían desarrollado solo en el papel. La Superintendencia reconoce que implementar un sistema de gestión del riesgo serio requiere tiempo, análisis y capacitación. Pero ese reconocimiento viene acompañado de una expectativa clara: al llegar la fecha límite, el sistema debe estar funcionando, no apenas en proceso de diseño. Esto implica que las empresas deben utilizar este período para diagnosticar su nivel de riesgo, definir controles, asignar responsables y capacitar a su personal.

La ampliación del plazo también trae consigo una redistribución de responsabilidades internas. Ya no es aceptable que el cumplimiento normativo se delegue de manera informal o sin claridad jerárquica. La empresa debe definir quién lidera el SARLAFT, cómo se reportan los riesgos, quién toma decisiones y cómo se documentan los procesos. En este punto, la figura del Oficial de Cumplimiento empieza a tomar relevancia práctica, no solo normativa. Tener un nombre en el papel no es suficiente si no existe autoridad real ni conocimiento técnico.

Es importante entender que el plazo hasta mayo de 2026 no suspende la vigilancia ni las sanciones. La Superintendencia puede seguir realizando requerimientos y verificaciones durante este período. Si una empresa demuestra inacción, desconocimiento o ausencia total de controles, puede enfrentar procesos administrativos incluso antes de la fecha límite. El tiempo adicional es una oportunidad para mejorar, no un escudo frente a la responsabilidad legal.

Desde el enfoque educativo, el Politécnico de Suramérica promueve una visión preventiva frente a estos plazos. Prepararse con anticipación, formar al personal y comprender las responsabilidades que trae el SARLAFT permite que las empresas lleguen a la fecha límite con un sistema maduro y funcional. En cumplimiento normativo, el tiempo no se gana esperando, se gana trabajando con conocimiento y criterio.

Obligaciones de las empresas de transporte frente al SARLAFT

Resolución 16615 de 2025

La Resolución 16615 de 2025 deja claro que el SARLAFT no es un requisito simbólico ni un documento decorativo para auditorías. Es una obligación activa que las empresas de transporte deben integrar en su operación diaria. Cumplir no significa “tener algo escrito”, sino demostrar que el sistema existe, funciona y se aplica según el nivel de riesgo de cada organización. Y aquí es donde muchas empresas se dan cuenta de que lo que tenían no era suficiente.

Una de las principales obligaciones es la identificación del riesgo. Las empresas deben analizar su operación y reconocer en qué puntos pueden estar expuestas al lavado de activos o a la financiación del terrorismo. Esto incluye la evaluación de clientes, proveedores, contratistas, formas de pago, rutas, tipos de carga y zonas de operación. No todas las empresas enfrentan los mismos riesgos, por eso la resolución insiste en que el SARLAFT debe ser proporcional y específico, no una copia genérica descargada de internet.

Otra obligación clave es la documentación y aplicación de controles. La empresa debe definir procedimientos claros para prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas. Estos controles deben estar respaldados por registros, informes y evidencias que puedan ser presentadas ante la Superintendencia. En términos prácticos, si un procedimiento no se puede demostrar con evidencia, para la autoridad ese procedimiento no existe. Aquí fallan muchas organizaciones, no por falta de intención, sino por desconocimiento técnico.

La resolución también exige capacitación constante del personal. El SARLAFT no es responsabilidad exclusiva del área administrativa ni del Oficial de Cumplimiento. Conductores, personal operativo, área financiera y directivos deben conocer los riesgos básicos y saber cómo actuar ante situaciones inusuales. Una empresa donde solo una persona entiende el sistema es una empresa vulnerable. La formación continua es una de las obligaciones más subvaloradas, pero también una de las más revisadas durante procesos de inspección.

Finalmente, las empresas están obligadas a realizar seguimiento, evaluación y mejora continua del SARLAFT. El sistema no es estático. Debe revisarse periódicamente, ajustarse a cambios en la operación y actualizarse frente a nuevas amenazas o exigencias normativas. Desde el enfoque académico del Politécnico de Suramérica, estas obligaciones se entienden como parte de una gestión empresarial responsable. Cumplir el SARLAFT no solo evita sanciones; protege la organización, fortalece su reputación y demuestra compromiso con la legalidad y la transparencia.

Errores comunes que pueden generar multas y sanciones

La mayoría de las multas relacionadas con el SARLAFT no se producen por actos criminales comprobados, sino por fallas en la implementación del sistema. En el sector transporte, estos errores se repiten con una constancia casi admirable. La Resolución 16615 de 2025 deja menos espacio para excusas, pero muchas empresas siguen cayendo en los mismos tropiezos, generalmente por creer que cumplir es solo “tener algo listo por si preguntan”.

Uno de los errores más frecuentes es contar con un SARLAFT solo en el papel. Manuales genéricos, políticas copiadas y procedimientos que nadie conoce dentro de la empresa son una causa directa de sanción. Para la Superintendencia de Transporte, un sistema que no se aplica, no se monitorea y no se evidencia equivale a no tener sistema. Cuando llega una visita o un requerimiento y la empresa no puede demostrar cómo funciona su SARLAFT en la práctica, la falta queda expuesta de inmediato.

Otro error grave es no identificar correctamente los riesgos reales de la operación. Muchas empresas usan matrices de riesgo estándar que no reflejan su actividad diaria. El transporte tiene particularidades claras: manejo de efectivo, subcontratación, operación en múltiples regiones, contacto con terceros y variabilidad en los servicios prestados. Ignorar estos elementos o tratarlos de forma superficial implica que los controles diseñados no sean efectivos, lo que constituye un incumplimiento directo de la norma.

También es común encontrar Oficiales de Cumplimiento sin autonomía, sin formación o sin respaldo directivo. Nombrar a alguien “para cumplir” pero sin poder de decisión ni conocimiento técnico es otro foco de sanciones. La Superintendencia evalúa no solo la existencia del cargo, sino su capacidad real de gestión. Un Oficial de Cumplimiento que no participa activamente en la operación ni en la toma de decisiones es una señal clara de incumplimiento estructural.

El cuarto error frecuente es la falta de capacitación del personal. Cuando los empleados no saben qué es una operación inusual, cómo reportarla o a quién acudir, el SARLAFT se vuelve inoperante. Este descuido suele detectarse fácilmente durante visitas de inspección. Respuestas inseguras, desconocimiento general o contradicciones en los procesos evidencian que el sistema no ha sido socializado ni aplicado correctamente.

Desde el enfoque formativo del Politécnico de Suramérica, estos errores se entienden como oportunidades de mejora, no como fallas inevitables. Identificarlos a tiempo permite corregir el rumbo antes de enfrentar sanciones económicas, procesos administrativos y daños reputacionales. En cumplimiento normativo, los errores no son invisibles. Solo esperan el momento adecuado para aparecer en un informe oficial.

Cómo evitar sanciones: buenas prácticas de cumplimiento normativo

Evitar sanciones no es cuestión de suerte ni de cruzar los dedos antes de una visita de la Superintendencia. En el marco de la Resolución 16615 de 2025, las empresas de transporte que logran cumplir sin sobresaltos tienen algo en común: aplican el SARLAFT como un sistema vivo, no como un archivo olvidado. Las buenas prácticas de cumplimiento no son secretas ni inalcanzables, pero sí requieren disciplina, conocimiento y decisiones claras.

La primera buena práctica es partir de la realidad de la empresa. El SARLAFT no debe diseñarse desde un modelo genérico, sino desde la operación real. Esto implica analizar cómo funciona la empresa día a día, qué tipo de servicios presta, cómo maneja los pagos, con quién contrata y en qué zonas opera. Cuando el sistema se ajusta a la realidad, los controles funcionan. Cuando se copia sin pensar, el incumplimiento es casi automático.

Otra práctica clave es documentar todo y mantener evidencia actualizada. Para la autoridad, lo que no está documentado simplemente no existe. Las empresas deben conservar registros claros de evaluaciones de riesgo, capacitaciones, reportes internos y decisiones tomadas frente a situaciones inusuales. No se trata de llenar formatos porque sí, sino de poder explicar y demostrar cómo se gestiona el riesgo. Esta trazabilidad es una de las primeras cosas que revisa la Superintendencia durante un proceso de inspección.

El liderazgo interno también marca la diferencia. Las empresas que evitan sanciones suelen tener directivos que entienden que el cumplimiento no es solo tarea del área jurídica o administrativa. Cuando la gerencia respalda el SARLAFT, asigna recursos y escucha al Oficial de Cumplimiento, el sistema funciona. Cuando se ve como una molestia inevitable, los errores aparecen rápido. El mensaje interno debe ser claro: el cumplimiento es parte del negocio, no un obstáculo.

Una buena práctica frecuentemente subestimada es la capacitación continua del personal. No basta con una charla inicial. El personal cambia, los riesgos evolucionan y la operación se adapta. Capacitar de forma periódica permite que los empleados identifiquen señales de alerta y actúen correctamente. Además, demuestra ante la autoridad que la empresa se toma en serio la prevención y no solo el cumplimiento formal.

Desde la perspectiva académica del Politécnico de Suramérica, estas buenas prácticas se traducen en habilidades aplicables. La formación en cumplimiento normativo enseña a prevenir sanciones desde la estructura, no desde el miedo. Cuando el SARLAFT se implementa con criterio técnico y coherencia operativa, las sanciones dejan de ser una amenaza constante y se convierten en algo excepcional. Y así debería ser.

El rol del Oficial de Cumplimiento en las empresas de transporte

El Oficial de Cumplimiento no es un adorno corporativo ni una figura simbólica creada para tranquilizar auditorías. En el marco de la Resolución 16615 de 2025, su rol es estratégico y operativo. Es la persona encargada de que el SARLAFT funcione en la práctica, no solo en el papel. Cuando este rol se toma a la ligera, las fallas del sistema no tardan en aparecer, y con ellas, las sanciones.

Su principal responsabilidad es liderar la identificación, evaluación y control de los riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo dentro de la empresa. Esto implica conocer a fondo la operación del negocio, entender cómo se mueven los recursos, qué tipo de clientes y proveedores interactúan con la organización y cuáles son los puntos más sensibles del proceso. Un Oficial de Cumplimiento desconectado de la realidad operativa es, en la práctica, un riesgo más.

Además, este rol exige capacidad de análisis, criterio técnico y autonomía. La resolución refuerza la idea de que el Oficial de Cumplimiento debe tener acceso a la información, poder de alertar sobre situaciones irregulares y respaldo directo de la alta dirección. Nombrar a alguien sin autoridad real, sin formación o sin tiempo asignado para la función es uno de los errores más comunes y más sancionados por la Superintendencia de Transporte.

Otro aspecto clave es la gestión de la capacitación y la cultura organizacional. El Oficial de Cumplimiento no trabaja solo. Debe asegurarse de que el personal entienda qué es el SARLAFT, cómo identificar alertas y cuál es el procedimiento adecuado para reportarlas. Cuando la empresa depende exclusivamente del conocimiento de una sola persona, el sistema se vuelve frágil y vulnerable.

Por eso, la formación especializada es decisiva. En el Politécnico de Suramérica, el Diplomado en Oficial de Cumplimiento y el Diplomado en SARLAFT preparan a los profesionales para asumir este rol con responsabilidad y solvencia técnica. Ser Oficial de Cumplimiento no es “cargar con un requisito”, es convertirse en un garante del cumplimiento normativo y de la sostenibilidad de la empresa. Y en el sector transporte, esa responsabilidad no permite improvisaciones.

Formación clave para cumplir la norma: diplomados especializados

Cumplir con la Resolución 16615 de 2025 no depende solo de leer la norma o descargar un checklist. Requiere conocimiento aplicado, criterio técnico y actualización constante. En el sector transporte, donde los riesgos cambian según la operación, la formación especializada deja de ser opcional y se convierte en una herramienta estratégica para evitar errores, sanciones y decisiones mal informadas.

Los diplomados especializados permiten profundizar en los aspectos que la norma exige en la práctica. El Diplomado en Oficial de Cumplimiento prepara a los profesionales para asumir este rol con fundamento técnico, autonomía y capacidad de análisis. El Diplomado en SARLAFT ofrece una comprensión integral del sistema, desde la identificación del riesgo hasta el diseño y seguimiento de controles efectivos. Por su parte, el Diplomado en Logística y Transporte ayuda a entender cómo aplicar el cumplimiento normativo dentro de la operación real del sector, y el Diplomado en Seguridad Vial refuerza la relación entre normatividad, prevención y responsabilidad empresarial.

Estas formaciones no están pensadas solo para cumplir un requisito. Están diseñadas para tomar mejores decisiones, estructurar procesos sólidos y fortalecer la cultura organizacional. Una empresa con personal capacitado entiende la norma, la aplica con criterio y reduce significativamente su exposición a riesgos legales y operativos. Eso, al final, se traduce en estabilidad y confianza frente a los entes de control.

En el Politécnico de Suramérica, la oferta académica va más allá del cumplimiento normativo. Contamos con cursos, diplomados y programas técnico laborales enfocados en distintos campos empresariales como logística, transporte, gestión, administración, seguridad y cumplimiento. Te invitamos a visitar nuestra página web y conocer las alternativas de formación que mejor se ajustan a tu perfil profesional o a las necesidades de tu empresa. Prepararse hoy no es exagerar. Es evitar problemas mañana, con educación que sí sirve en el mundo real.

cumplir la Resolución 16615 es prevenir riesgos y proteger la empresa

Cumplir la Resolución 16615 de 2025 no debe entenderse como una obligación impuesta desde afuera, sino como una decisión inteligente para proteger la operación del negocio. En el sector transporte, donde el movimiento de recursos, personas y mercancías es constante, los riesgos existen incluso cuando no hay malas intenciones. La diferencia entre una empresa sancionada y una empresa sólida suele estar en qué tan bien gestiona esos riesgos antes de que se conviertan en un problema real.

La implementación correcta del SARLAFT permite anticiparse a situaciones que pueden derivar en multas, investigaciones administrativas o afectaciones reputacionales. No se trata solo de evitar sanciones económicas, sino de demostrar que la empresa actúa con criterio, transparencia y responsabilidad frente a la normatividad vigente. La Superintendencia de Transporte no evalúa discursos, evalúa evidencia, procesos y decisiones. Tener un sistema funcional marca la diferencia cuando llega una revisión.

El plazo ampliado hasta mayo de 2026 debe verse como una oportunidad para hacer las cosas bien, no como una excusa para postergar el cumplimiento. Las empresas que usan este tiempo para capacitar a su equipo, definir responsabilidades claras y fortalecer su SARLAFT llegan a la fecha límite con tranquilidad y control. Las que improvisan, en cambio, quedan expuestas a errores que se pagan caro.

En este escenario, la formación se convierte en un aliado estratégico. En el Politécnico de Suramérica contamos con una oferta de cursos y diplomados enfocados en distintos sectores empresariales, como transporte, logística, cumplimiento normativo, administración, seguridad, gestión y áreas afines. Nuestros programas están diseñados para responder a necesidades reales del entorno laboral, con un enfoque práctico y actualizado que permite a profesionales y empresas prepararse mejor frente a las exigencias normativas y operativas actuales.

Cumplir la norma no es solo cerrar un requisito legal. Es proteger la empresa, su reputación y su futuro. Y hacerlo con conocimiento aplicado marca la diferencia entre reaccionar ante el riesgo o gestionarlo de manera responsable y sostenible.

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